El Caso de Ronald Keith Williamson.

A finales de 1982, una camarera, Debbie Sue Carter, de 21 años, fue encontrada violada y asesinada en su apartamento en Ada. El caso permaneció abierto hasta 1987, cuando una mujer que había sido arrestada por pasar cheques sin fondos le dijo a la policía que ella había oído a otro preso discutiendo sobre el asesinato. El hombre, dijo, fue Ronald Keith Williamson. Inmediatamente, sin saber que esa mujer odiaba a R.K.Williamson por una serie de discusiones en el pasado, el señor Williamson fue acusado del asesinato. Las evidencias que esgrimieron las autoridades se componían de 17 pelos que hacían juego con los del señor Williamson, además de la confesión proporcionada por la mujer que dijo que le había oído confesando el asesinato a otro preso de la cárcel. Ronald Keith Williamson, que no había recibido sus medicamentos psiquiátricos deliberadamente por parte de los carceleros para que su actitud fuera violenta y contradictoria en los Tribunales, fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte.

No contentos con eso, los carceleros se burlaban de él a través de un intercomunicador que había en su celda durante los siguientes doce años. Imitaban una voz de mujer y decían frases como: “Ronald, soy Debbie, ¿Por qué me mataste?”. Este hecho contribuía en la locura que iba apoderándose de la mente del sujeto. Cuando todas las apelaciones estatales se habían agotado, se le dijo que sería ejecutado en septiembre, por lo que R.K.Williamson acordó rellenar un formulario para que su cuerpo fuera devuelto a su hermana y así poder recibir, al menos, un entierro digno.

Sin embargo, un equipo de abogados de apelación buscó un recurso de habeas corpus del juez Frank H. con el argumento de que el señor  Williamson no había sido apto para ser juzgado y que su abogado no había impugnado efectivamente las evidencias de los 17 pelos encontrados y que el Estado no se había preocupado en interrogar otras personas que presentaban un claro potencial de ser, al menos, considerados sospechosos (como era el caso de un hombre llamado Glen Gore). El juez Frank H. concedió una suspensión cinco días antes de la fecha en que debía ser ajusticiado.

Los abogados del Proyecto Inocencia organizaron pruebas de ADN para Williamson. Lograron demostrar no sólo que el ADN del condenado no coincidía con el semen hallado en el cuerpo de la camarera (semen que nunca llegó a ser analizado), sino que los 17 pelos tampoco pertenecían al condenado (cuando ésta fue la argumentación más poderosa que utilizó el fiscal del distrito). Finalmente, se demostró que se habían utilizado pruebas falsificadas contra R.K.Williamson y que el ADN encontrado en Debbie pertenecía a Glen D. Gore, un hombre que incluso había testificado en contra de R.K.Williamson. Posteriormente, fue juzgado y declarado culpable del asesinato y condenado a, como no, pena de muerte.

                                                                                         *New York Times*

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La pena de muerte o pena capital es la vulneración y el ataque más extremo y denigrante de los derechos humanos. Además, se trata de un asesinato que ha sido estudiado y organizado por el Estado amparándose en ser el adalid de la justicia. La pena capital atenta directamente contra el derecho a la vida (derecho que, por cierto, se proclama en la Declaración Universal de los Derechos Humanos); además de tratarse de una medida obsoleta y desfasada, a la par que cruel, denigrante e inhumana. Primero fue la lapidación, posteriormente la hoguera, luego la horca y  la decapitación; más tarde el fusilamiento o la cámara de gas, la electrocución y, por último, la inyección letal. Una inyección letal que es defendida por diversos juristas, basando su argumentación en que el condenado no sufre en ningún momento. En definitiva, es la forma lo que ha cambiado, pero no el fondo; ya que el ser humano muere a manos del Estado.

Además, parece que el legislador no tiene en cuenta el sufrimiento y la “tortura” psíquica que puede suponerle a una persona el hecho de conocer de antemano la fecha de su muerte. Realmente, no sólo al condenado, sino también a una familia que ama a esa persona. La pena de muerte es un cáncer en la sociedad actual que debe extirparse lo antes posible, ya que, en muchas ocasiones, es utilizada de forma arbitraria y discriminatoria. De hecho, la pena capital es usada en varios países como método más efectivo para silenciar e intimidar a la oposición política. Sin embargo, en otros países más civilizados, el riesgo no es la arbitrariedad, sino la existencia de los errores en los procesos judiciales, la conducta inapropiada del Ministerio Fiscal e incluso la inadecuación de la asistencia letrada. Tal y como expresa la página web de Amnistía Internacional, “mientras la justicia humana siga siendo imperfecta, el riesgo de ejecutar a una persona inocente no desaparecerá nunca”.

Para todos aquellos a los que les interese este triste problema que ocurre en diversos países, recomiendo la visita de los siguienes links:

Amnistía Internacional

Proyecto Inocencia (www.innocenceproject.org)

Si te ha interesado el concreto caso de Ronald Keith Williamson, recomiendo la lectura (a pesar de la gran cantidad de tecnicismos que tiene), del libro "El Proyecto Williamson", de John Grisham.